La nueva administración presidencial ha emitido órdenes que tendrán que lidiar con desafíos ejecutivos, legales y constitucionales
Para llevar a cabo las nuevas órdenes ejecutivas se necesitan fondos, capacidad de los tribunales para afrontar la situación y coordinación con los gobiernos estatales y locales. Las medidas de “Seguridad Fronteriza” y “Seguridad Interna” proponen construir un muro y centros de detención a lo largo de la frontera con México, contratar jueces de inmigración y oficiales de asilo político para dichos centros, así como emplear un total de 15,000 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Mientras el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia pueden redistribuir sus fondos hasta cierto punto, el Congreso sería el responsable de autorizar los diez mil millones de dólares necesarios para pagar todo eso.
La orden ejecutiva de Seguridad Interior amplía las categorías de las personas consideradas como prioridad para remoción. Sin embargo, los tribunales de inmigración experimentan tal retraso, que no les permitiría manejar eficientemente un incremento en el número de personas sujetas a este procedimiento. En el Tribunal de Inmigración de Los Ángeles, el tiempo aproximado de un caso para una persona de México es de más de dos años y medio. Es por ello que, en respuesta a la orden ejecutiva, los tribunales de inmigración emitieron un comunicado por separado explicando la actual prioridad de remoción en la que se basarán: personas detenidas, niños no acompañados sin patrocinador bajo custodia del gobierno y personas liberadas bajo fianza después de más de seis meses de detención.
Las dos órdenes exigen mayor coordinación e intercambio de información entre las autoridades de inmigración federales, y la policía local y estatal. Sin embargo, la ciudad de San Francisco (ciudad santuario) interpuso una demanda contra la actual Administración con el fin de mantener los derechos de la ciudad, y abstenerse de proporcionar información personal y sobre el estatus migratorio de las personas detenidas.
Las órdenes ejecutivas enfrentan obstáculos legales debido a un malentendido de la Ley de Inmigración. La orden ejecutiva sobre Seguridad Interior trata de otorgar prioridad de remoción a personas que supuestamente han cometido algún acto criminal, pero que no han sido acusadas ni han recibido una condena. Con muy pocas excepciones, los estatutos de inmigración requieren de una condena o la admisión de una persona de todos los elementos de un delito, para hacer a la persona removible o inadmisible por un crimen. Una orden ejecutiva no puede cambiar una ley aprobada por el Congreso. La Corte Suprema ha dicho que los tribunales de inmigración no pueden convertirse en pequeñas cortes criminales. Sin una condena previa o una admisión de culpabilidad, el gobierno no podrá cumplir sus requerimientos para probar la remoción basada en un crimen.
Los retos constitucionales contra las órdenes ejecutivas ya están en los tribunales. San Francisco, al igual que el Condado de Los Ángeles, se niega a cumplir con las peticiones de detención para retener a las personas en la cárcel por tiempo adicional, mientras ICE decide si mantiene a la persona bajo su custodia. La demanda que la ciudad interpuso argumenta que cooperar con las peticiones de detención significaría violar lo que dicta la Constitución. Varios tribunales federales en toda la nación han expedido órdenes temporales de restricción contra las disposiciones de otra orden ejecutiva que trató de frenar la entrada a EEUU de personas provenientes de siete países, en su mayoría musulmanes. El tribunal manifestó que ese veto migratorio puede ser inconstitucional.
Es importante recordar que para que dichas órdenes ejecutivas se implementen, se requieren de extensos recursos financieros y burocráticos para implementarse; no pueden desplazar leyes existentes de mayor autoridad, y además deben ser revisadas por los tribunales de justicia. Podemos esperar que continúen los obstáculos legales y los debates políticos sobre estas y otras órdenes ejecutivas.
Stone Grzegorek & Gonzalez LLP.
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