Una esperanza para los trabajadores agrícolas indocumentados

Por | Mayo 12, 2017

Un proyecto de ley busca proteger de la deportación a los trabajadores del campo y ofrecerles, en cambio, una vía hacia la legalización en EEUU

El Valle Central de California es un importante generador de productos agrícolas no solo del estado, sino de todo el país. Cada mañana miles de trabajadores cultivan, cosechan y empacan una gran variedad de frutas y verduras para abastecer la demanda comercial y de consumo. Una inmensa mayoría de esta mano de obra es latina, y más de la mitad son indocumentados.

De acuerdo a estadísticas del Departamento del Trabajo de EEUU, la mayoría de los 2.5 millones de trabajadores agrícolas de la nación son indocumentados. En California, se estima que hay alrededor de un millón de latinos que trabajan en el campo; de estos, el 90 por ciento lo hace sin papeles, así lo indica la Unión de trabajadores del Campo (UFW, organización fundada en 1962 por el activista César Chávez).

La actual situación de incertidumbre que viven los indocumentados en EEUU por la nueva política migratoria también ha calado hondo entre los trabajadores agrícolas. Esto se ha visto reflejado en una reducción evidente de mano de obra. Las cuadrillas de trabajadores son menos numerosas y hay más ofertas de trabajo disponibles. Esto podría ser a causa del creciente temor que tienen muchos campesinos de ser deportados.

Lo anterior motivó a que la senadora demócrata Dianne Feinstein y cuatro copatrocinadores más presentaran la “Ley del Programa de Trabajadores Agrícolas de 2017”, un documento legislativo que busca proteger de la deportación a ciertos trabajadores agrícolas y sus familias, y que les otorgaría una vía hacia la ciudadanía que se podría obtener en dos pasos: primero, dándoles una “tarjeta azul” que les permitiría vivir y trabajar legalmente; y segundo, la oportunidad de que puedan solicitar una “tarjeta verde” para legalizar su estatus de forma permanente y posteriormente ser elegibles para obtener la ciudadanía. El objetivo del nuevo proyecto de ley es el de regularizar a estos trabajadores para que no haya desabasto de mano de obra que pueda perjudicar a la producción agrícola del país.

“Proteger a nuestra fuerza laboral agrícola de la deportación es un imperativo económico y moral. He trabajado en este tema durante décadas, pero hoy existe un renovado sentido de urgencia para tomar medidas. Cualquiera de las personas que pasan horas agachadas bajo el candente sol para poner comida en nuestras mesas, podría ser recogido en cualquier momento, por cualquier razón, y ser deportado. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que eso no suceda”, dijo la senadora Feinstein.

El proyecto de ley ha recibido el respaldo del presidente de la UFW, Arturo S. Rodríguez, mientras que el encargado de llevarlo ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos será el representante demócrata Luis V. Gutiérrez, un asiduo promotor de las causas pro inmigrantes.

“He viajado muchas veces a Delano, la Costa Central, el Gran Valle y todo California para reunirme con trabajadores agrícolas. Son de las personas más trabajadoras y más vulnerables que he conocido. Es por eso que estamos trabajando para darle fuerza al proyecto de ley en la Cámara de Representantes, donde lo planeamos presentar en las próximas semanas”, expresó Gutiérrez.

En un comunicado sobre este tema, la organización Farmworker Justice señala que este proyecto de ley es de vital importancia para el sistema alimentario y agrícola de nuestra nación, y que si se promulga, aliviaría el temor de los trabajadores y, en cambio, les daría la oportunidad de obtener el estatus migratorio legal. También afirma que una vez regularizados, los trabajadores agrícolas estarían mejor capacitados para mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo, lo que resultaría en una fuerza de trabajo agrícola más estable y una mayor seguridad alimentaria en beneficio de los empleadores, los trabajadores y los consumidores.

Actualmente existe el programa de visas H-2A, el cual permite a los empleadores de Estados Unidos contratar a trabajadores agrícolas de forma temporal cuando hay escasez de mano de obra autorizada. De aprobarse el nuevo proyecto de ley, no se eliminaría dicho programa de visas, sino que se utilizaría cada vez menos. Incluso los que lleguen amparados por la H-2A que cumplan con los requisitos de elegibilidad, también podrían solicitar una “tarjeta azul”.

El paso más importante ya se dio. Falta el decisivo, el que haga realidad el sueño de miles de trabajadores agrícolas indocumentados, de aquellos que hacen el trabajo duro que muchos evitan y que solo piden a cambio un trato digno, un pago justo y la posibilidad de trabajar sin miedo a ser deportados.